El juez federal de Quilmes, Luis Armella; continúa –como desde hace tres años- dilatando la investigación de la causa más importante de corrupción en la historia de Quilmes.
Luego de la visita de la diputada Elisa Carrió a su juzgado, el magistrado quiso exhibir algún tipo de movimiento en el expediente que cuenta con un categórico dictamen del fiscal Carlos Stornelli; citando a declarar al actual director de Cooperativas y Economía Social de la comuna quilmeña, Leandro Díaz. (ver https://es.scribd.com/doc/135029370/Dictamen-Stornelli-Planes-de-Trabajo-Quilmes)
Según el funcionario municipal, Armella le preguntó sobre las irregularidades que encontró al asumir su cargo en la dirección que durante la gestión Gutiérrez, ocupara José Luis Pavón y Leda Cejas; dos de los principales imputados por la malversación de caudales públicos.
Díaz dijo que esta dispuesto a colaborar y presentar los elementos que considere necesarios para el avance de la causa, que seguramente no serán muchos si se tiene en cuenta que los hechos denunciados ocurrieron hace 4 años.
En una palabra: El juez federal puso a Díaz como investigador para que le contara algo que debió haber observado cuando revisó los documentos que allanó en la comuna el 3 de diciembre del año pasado.
En el expediente que Armella duerme en lugar de amantar, están comprobada las maniobras denunciadas oportunamente por los entonces concejales Fernando Pérez, Mario Sahagún, Diego Bufone y Oscar García sobre la utilización de cooperativas para desviar decenas de millones de pesos provenientes del Ministerio de Desarrollo Social a través de empresas inexistentes y proveedores que fueron inscriptos con el sólo objetivo de cobrar el dinero que luego iba a parar al bolsillo de los funcionarios.
Lejos de llamar a indagatoria a Francisco “Ali Barba” Gutiérrez, los secretarios Guillermo Robledo, Alejandro Tozzola y Roxana González; los directores Pavón, Cejas, Hugo Muñoz y Julio Sevilla; además de los supuestos “empresarios”; Armella cita a un funcionario que poco tiene para aportar sobre hechos ocurridos hace más de 4 años.
El dictamen de Stornelli
El fiscal Stornelli dejó en su escrito pruebas evidentes del desfalcó. Con estas el juez Armella no necesitaría más elementos para indagar y procesar. Alguno de los párrafos son más que elocuentes
“en Quilmes el descontrol es evidente, dado que existirían presuntos PROVEEDORES de COOPERATIVAS que facturan sumas millonarias por trabajos inexistentes –haciéndose alusión al caso de dos proveedores: Hugo BLANCO (del Barrio La Rivera) y Andrés SERSING, quienes pese a los servicios facturados no habían brindado ninguno a favor de las COOPERATIVAS beneficiarias del Plan,
Para el caso de BLANCO señalan que habiendo obtenido libertad condicional –en el marco de un proceso que se registraría a su respecto-, se habrían contactado de la Municipalidad de Quilmes para ofrecerle un trabajo. Lo hicieron anotarse en la AFIP, abrir una cuenta en el Banco Provincia y presentar facturas por miles de pesos al Municipio. Por ello le prometieron $ 2300 por mes
Que las facturas eran entregadas a José Luis PAVON, funcionario de la Municipalidad de Quilmes, y que entre los años2011 y 2012 había facturado a diferentes cooperativas $1.945.441,63 habiendo sido facturado entre octubre y diciembre de2011 $1.105.374,69 y $840.066,94 entre marzo y junio de 2012;siendo que Julio SEVILLA, un funcionario de la Secretaría de Derechos Humanos, es quien lo llevaba a cobrar y se quedaba con el dinero
En resumen, refieren que BLANCO no había prestado servicio alguno para el municipio y habría sido “usado” para cobrar fondos públicos que habrían sido sustraídos o “retenidos” por funcionarios. Para el caso del aludido SERSING siendo éste un jubilado que percibía $ 1800 por mes, encontrándose registrado para movimiento de sueldos y preparación de terrenos para obras, y alquiler de equipo de construcción o demolición dotado de operarios, en el año 2011 y 2012 facturó $5.348.102,21 a la Municipalidad de Quilmes y en el año 2012 $ 2.023.660,80. Señalan que en la entrevista SERSING había manifestado que desconocía el monto de las facturas que surgían expedidas a las Cooperativas, y que no había percibido los montos que facturó; siendo que esas cosas “las arreglaban en la oficina” (en referencia al Municipio
Refieren que en ambos casos los niveles de vida que mantenían los mencionados BLANCO y SERSING no condecían con los millones facturados por año no registrando la cantidad de empleados y experiencia que requeriría la función. Respecto de los proveedores que surgen facturando alas COOPERATIVAS y que integran las rendiciones al MUNICIPIO de Quilmes como se verá aludieron los presentantes a las siguientes irregularidades –en la presentación que se comenta y las posteriores-:
TRANSPORTE KIL S.R.L.
Habría facturado al Municipio $ 4.621.230,17 entre 2011 y 2012, observándose una súbita alza de la facturación posterior a la inscripción en AFIP que no se correspondía con la posible capacidad operativa y empleados que registraba.
Al consultar la web de la AFIP no surgieron datos más la facturación ascendía a los 4.735.828,37$ habiendo cobrado en la misma fecha 29/5/12 un total de $ 2.013.974 es decir un 42.53 %total de lo que le habían pagado
ACOT S.A.
Facturó $ 1.799.408,23 entre 2011 y 2012. De la página de la AFIP no surgían datos pudiendo registrar un pedido de quiebraante el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 17 secretaría N° .34.
ANDRES SERSING
Si bien tampoco surgían datos en la AFIP; cobró un total de $ 5.348.102,21
JOSE MIERE GONCALVEZ DE ARAUJO
Registraba una “baja decreto 1299/98 por falta de presentación de declaraciones juradas” a la par de haber facturado $ 942.526,36
OGUS SOCIEDAD DE HECHO (DI TORO)
Durante 2011 y 2012 facturó $1.453.349,50.
KAVOS S.A.
Facturó $ 6.180.230,12.
ASOCIACION CIVIL PARADOS SOBRE LA ROCA
Facturó durante 2011 $1.246.329,78.
CONCRETVIAL S.A.
Facturó en 2011 y 2012 $ 30.032.729,78.
ALEJANDRO MARCELO VALENTE
Facturo $ 6.001.328,98 entre 2011 y 2012, declarando ante la AFIP la realización de tareas de construcción, reforma y reparación de edificios no residenciales, y residenciales, venta al por mayor de ladrillos, cemento, cal, arena, piedra, mármol y materiales para la construcción y venta al por menor de artículos de ferretería siendo curiosa la cantidad de actividades que registra por ser una persona física
DIEGO HERNAN PORTILLO
Facturó entre 2011 y 2012 $ 3.862.985,81 sin poseer empleados, siendo que su actividad comercial es la de reparación de edificios y transporte de carga
Fue el PROVEEDOR que realizó la factura por el mayor valor, que fue por un total de $ 1.366.525,73, pagado a la COOPERATIVA LA NUEVA SANTA MARÍA el 27/3/12 a través de la orden de pago 2320, desconociendo los denunciantes el motivo por el que facturó ese monto, dadas las múltiples actividades que declaraba –servicios relacionados con la construcción, construcción, reforma y reparación de edificios no residenciales, construcción, reforma y reparación de obras de infraestructura del transporte, transporte automotor de cargas-
JUAN JAVIER DIAZ
Quien entre 2011 y 2012 facturó $ 3.291.800,47,también sin contar con empleados.
El mencionado había facturado al Municipio $3.291.800,47 durante 2011 y 2012 en tanto que Víctor Daniel DIAZ facturó $ 1.357.251 a la Municipalidad entre 2011 y 2012, resultando probable que se trate del mismo proveedor; utilizando dos nombre físicos.
SILVIA QUIROGA
Quien durante el 2011 y 2012 facturó $ 1.631.472,86aparece como contadora y propietaria de una ferretería además de trabajar en una escuela de Quilmes
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