Este martes el Concejo Deliberante quilmeño aprobó la Emergencia Alimentaria en el distrito, en una sesión extraordinaria que fue presidida por el presidente del Cuerpo, Juan Bernasconi. La misma regirá a partir del 1 de septiembre hasta el 9 de diciembre de 2019.
Asimismo fueron aprobadas varias iniciativas, una de las cuales pone en duda el pase a planta de unos 287 trabajadores municipales que el gobierno realizara el 5 de junio pasado; decisión que el cuerpo pidió rever luego de una exposición efectuada por el concejal Angel García.
“Esta Emergencia Alimentaria le da las atribuciones necesarias al intendente Martiniano Molina para hacer las readecuaciones presupuestarias que considere necesarias, para poder afrontar este momento complicado en el que estamos viviendo”, manifestó Bernasconi tras finalizar la sesión.
“Es un proyecto que permite llevarles un alivio a las familias, sobre todo de los sectores más vulnerables de la ciudad. Por eso entendimos que había que tratarlo de manera rápida, lo importante es que fue unánime y todos los bloques acompañaron esta medida”, concluyó.
La declaración de Emergencia quedó establecido luego de una reunión que mantuvieron integrantes de la secretaría de Desarrollo Social y el Consejo Local de Niñez, con el objetivo de instrumentar medidas para reforzar y fortalecer mediante las partidas presupuestarias distritales, el SAE (Servicio Alimentario Escolar); las diversas líneas de acción destinadas a merenderos y comedores barriales; la distribución de leche a través de las Unidades Sanitarias y organismos estatales pertinentes; y toda aquella institución que resulte necesaria para repartir alimentos a los sectores más vulnerables de Quilmes.
Convenio Colectivo
Durante la sesión ordinaria el concejal Angel García (Frente de Todos) aseguró que el 4 de mayo pasado finalizó el Convenio Colectivo de Trabajo firmado entre el Ejecutivo Municipal y el Sindicato de Trabajadores.
Según el edil opositor esto invalida el Decreto 1480/19 por el cual el intendente Molina efectuó el pase a planta permanente de 287 trabajadores contratados; cuya suerte quedó atada a una futura decisión del gobierno que asuma el 10 de diciembre.
El Convenio Colectivo estipula que las designaciones permanentes del personal se efectivizan a los seis meses, mientras que la ley provincial que regula la actividad municipal marca un año.
De no renovarse o ampliarse en convenio, el gobierno que asuma el 10 de diciembre tendrá facultades para anularla.
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