La Sala I de la Cámara Federal confirmó esta mañana el procesamiento de 44 intendentes como “partícipes necesarios del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”.
Entre ellos está el ex intendente de Quilmes, Francisco “Ali Barbá” Gutiérrez; y los ex jefes de Gabinete, Jorge Capotanich, Juan Manuel Abal Medina y Aníbal Fernández.
El tribunal de alzada consideró las apelaciones presentadas por los imputados, luego que el juez Claudio Bonadío; dispusiera en febrero pasado el procesamiento de un centenar de jefes comunales de los cuales 42 fueron beneficiados por la cámara.
Se trata de la causa que investiga una malversación de las arcas del Tesoro entre 2013 y 2015 para que distintas municipalidades de todo el país llevaran adelante tratamientos de residuos.
Por esta investigación hay tres ex jefes de Gabinete kirchneristas que están procesados: Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Abal Medina, junto a otros tres ex secretarios de Ambiente durante el kirchnerismo.
La Cámara sostuvo los argumentos del juez quien había señalado en su dictamen que los acusados «con su accionar contribuyeron activamente en la concreción de un perjuicio a las arcas del Estado, aproximadamente de una suma aproximada de $604.529.670,00, maniobra que habrían llevado a cabo junto a las autoridades nacionales».
La causa se originó por una investigación que el fiscal Carlos Rívolo abrió en 2016, en donde se puso bajo la lupa el destino de 604.529.670 pesos, afectados a los llamados Programas Municipales de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (PMGIRSU).
Se trata de un programa que implementó el gobierno de Cristina Kirchner destinado al tratamiento de basura. Los principales beneficiados de esos programas fueron Chaco y Río Gallegos, pero la mayoría de las obras nunca se hicieron.
Se cree en realidad, que esos recursos se aprovecharon para «disimular lo que constituía, en verdad, el reparto discrecional de fondos públicos a municipios privilegiados por las autoridades a cargo del desarrollo de las políticas ambientales estatales», según escribió la Cámara Federal en noviembre pasado.
En diciembre de 2017, Bonadio había firmado los procesamientos de Fernández y Capitanich, y le dictó la falta de mérito a Abal Medina. Pero Rivolo apeló y la Cámara le dio la razón. También quedó procesado Andrés Meiszner, ex jefe de asesores de la Jefatura de Gabinete.
Luego llego el turno de los intendentes.
En el fallo los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens sostuvieron que «desde un comienzo el eje de la investigación apuntó al empleo del marco legal de los PMGIRSU ( un programa de tratamiento de residuos sólidos urbanos) para disimular lo que constituía, en verdad, el reparto discrecional de fondos públicos a municipios privilegiados por las autoridades a cargo de las políticas ambientales estatales».
Sostuvieron además que «sobre esa base es que se habían estructurado las imputaciones previas remarcando que funcionarios federales, en infracción de los deberes a su cargo, habían facilitado la irregular transferencia de sumas de dinero que, a la par de no haber sido aplicadas para la ejecución de las obras comprometidas, se habrían desviado hacia fines que a la fecha resultan desconocidos».
Quilmes
Los magistrados hicieron hincapié en «las implicancias del uso delictivo de los PMGIRS en la intendencia de Quilmes a la que se le transfirieron en abril de 2013 $10.588.780 para desarrollar una planta de separación y clasificación».
Además de Gutiérrez; el fallo confirmó los procesamientos de Gustavo Karasiuk, Angel González, Francisco Winnik, Alfredo Pastor, Gustavo Steven, Carlos Andión, Walter Correa, Alicia Leiva, Elba Lezcano, Jorge Armando Batalla, Aldo Adolfo Leiva, Maria Susana Simonofski, Oscar Alberto Nievas y Carlos Gerardo Palacios. También para Lorenzo Heffner, Hector Justino Vega, Carlos Antonio Ibañez, Estela Carina Mitoire, Alfredo Osvaldo Zamora, Raul Alberto Cantín, Teodoro Segundo Camino, Gustavo Daniel Racca, Roberto Gustavo Dehesa, Hector Carlos Godoy y José Antonio López.
La lista incluyó a Juan Carlos Balalini, Juan Enrique Orellana, Julio Ernesto Castro, Luis Stanicia, Alberto Rodolfo Escudero, Eduardo Leonel Galantini, Diana Edith Argüello, Hermes Armando Bordón, Federico Neis, Ricardo Casi, Hector Anibal Olivera, Jorge Alberto Eijo, Gustavo Walker, Francisco Iribarren, Marta Susana Medici, Ricardo Curetti, Carlos Raciatti, Francisco Durañona y Vedia
Las autoridades del Ministerio de Trabajo de la Provincia ordenaron dar de baja a 92 personas que figuraban ilegalmente en el padrón de afiliados en condiciones de votar que cerró el 31 de marzo pasado.
