Otorgaron la prisión domiciliaria al jubilado que mató al ladrón en Quilmes Oeste

En el mediodía de este lunes familiares y vecinos  de Jorge Adolfo Ríos se juntaron en la puerta de los juzgados penales de Quilmes para pedir la libertad de este jubilado que –en legítima defensa- mató a uno de los  ladrones que intentaron  robarle dentro de su propia vivienda.

Finalmente, y después de muchos e innecesarios cabildeos; el juez Martín Nolfi accedió a otorgarle la prisión domiciliaria; luego que el fiscal Ariel Rivas lo sometiera a una tortura psíquica insostenible para un hombre mayor y enfermo que simplemente se defendió frente a los delincuentes.

Ríos estuvo  detenido desde el sábado por orden del fiscal Ariel Rivas, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N° 1; uno de los funcionarios judiciales más sospechados y cuestionados del Departamento Judicial de Quilmes; quien no ha tenido el mismo criterio al dejar en libertad al violador de una nena de 14 años hace muy poco tiempo.

Jorge Adolfo Ríos, de  71 años  mató a balazos a un delincuente que junto a otros dos cómplices al  menos; entraron a su vivienda  este sábado cerca de las 5 de la madrugada y lo amenazaron colocándole un destornillador en el cuello.

Los delincuentes  lo habían sorprendido mientras dormía y lo golpearon brutalmente exigiéndole dinero.

En un momento en que se descuidaron, la victima pudo acceder a su pistola 9 mm y efectuar 6 disparos. Los ladrones huyeron y Ríos salió a perseguirlos, forcejeó con uno de los delincuentes y en el forcejeo un disparo impactó en Franco Martín Moreyra,   un peligroso “barra brava” de 26 años de la villa La Vera con frondosos antecedentes penales; a quien no le importaron los derechos humanos a la hora de golpear ferozmente al herrero jubilado.

Moreyra es conocido en el barrio donde sucedió el trágico hecho. Vivía apenas una cuadras del domicilio de Ríos en Ayolas al 2700; y todos quienes lo conocían le temían, tanto a él como a su familia.

Detuvieron al “barra brava” Ramiro Bustamante, que estaba en libertad debido al coronavirus

Personal de la Comisaría 6ª de Ezpeleta detuvo al “barra brava” Ramiro Emanuel Bustamente,  de 39 años de edad,  que se encontraba cumpliendo arresto domiciliario; por golpear y herir a su pareja, Camila Contreras; con la cual convivía desde hacía menos de un mes,  cuando fue liberado ante el temor de la propagación de coronavirus en la cárcel donde cumplía su pena.

Según el parte policial un movil policial que realizaba la recorrida de la Cuadrícula 31 el viernes a las 23 horas se hizo presente en la vivienda de la calle Illanes 1627  de Ezpeleta, luego de un alerta del 911.

Frente a los oficiales de la Policía, la mujer relató que Bustamante la agredió física y psicológicamente y que lo venia haciendo desde el 2 de julio, fecha en que el “barra brava” logró el beneficio del arresto domiciliario.

En su testimonio Camila Contreras indicó que llamó al 911 debido a la agresión de Bustamante a la hora de cenar. Indicó que luego de una discusión por un tema menor; le propinó varios golpes  en la cara sin motivo alguno.

Los oficiales dijeron en el acta que a simple vista, la mujer presentaba marcas de golpes en los pómulos y manchas de sangre.

Camila Contreras había accedido a permitir que Bustamante cumpliera en su casa el arresto domiciliario, pese a que antes de ser detenido; el delincuente la agredió varias veces y ejerció sobre ella violencia física.

La pareja tiene una hija de 4 años de edad, de nombre Brunella; gestada durante el tiempo en que el ex lider de una de las fracciones más violentas de la hinchada “cervecera” estaba en prisión.

Ramiro Bustamante fue detenido en 2016, luego de violar otro “arresto domiciliario” concedido en una causa por “abuso de armas, lesiones, atentado y resistencia a la autoridad” que se tramitaba desde el 2013 en la UFI N° 5 de Quilmes en la cual su titular, Jorge Saizar; le había pedido la detención luego que el 25 de abril de ese año -desde un vehículo en movimiento- Bustamante baleara el lavadero de autos de Osvaldo “Dedo” Becerra, lider de otra fracción de la hinchada del QAC.

Por entonces tenía 16 causas judiciales en trámite por distintos delitos contra la propiedad y las personas; y ya gozaba de salidas laborales en el marco de una condena a 3 años y un mes de prisión.

Este medio denunció unos meses después que –pese a estar detenido- al delincuente el gobierno de Francisco “Ali Barba” Gutiérrez; le seguía depositando el salario de un contrato de “Mensualizado” que tenía en la comuna quilmeña aunque no prestaba servicio.

En 2016 finalmente lo detuvieron por “Secuestro extorsivo” y por el robo de una joyería ubicada en Brown al 400 de Quilmes; este último hecho fue por el que obtuvo la condena; ya que por el secuestro de Matías  Falcone –hijo del propietario del bailable “Diversión”- Bustamante obtuvo un veredicto de “no culpable” en un polémico y cuestionado juicio por jurado celebrado en mayo de 2019

Quilmes comienza a reactivar en comercio y las actividades profesionales

Por iniciativa de la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, se conformó el Comité de Reapertura Productiva, que tiene por objetivo analizar y desarrollar estrategias de reactivación del sector comercial, industrial y profesional del municipio. En este marco, el ente comunicó las nuevas actividades que podrán retomarse, conforme fueran autorizadas por el Gobierno Provincial el pasado viernes 5 de junio, y comunicadas mediante la publicación en el Boletín Oficial de la decisión administrativa N° 975/2020.

En ese sentido, es que se habilitarán en nuestro distrito las actividades comerciales no esenciales que al momento no contaban con autorización, como así también algunos rubros profesionales (tales como estudios jurídicos, contables y escribanías) destacándose que los comercios sólo podrán trabajar con el sistema de retiro en puerta, sin ingreso de clientes en las instalaciones, respetando un estricto protocolo sanitario, y sólo los días y horarios permitidos conforme el rubro que desarrolla.

Por otra parte, los comercios deberán solicitar su autorización de apertura ingresando a la plataforma web del Municipio de Quilmes (quilmes.gov.ar) que en breve estará disponible, y cargando la información requerida por el registro de datos.

Al finalizar el trámite online, se otorgará un certificado conteniendo un código QR el cual deberá ser colocado en el frente del local comercial. Este mecanismo de identificación facilitará las inspecciones llevadas a cabo por el personal de la Agencia de Fiscalización y Control Comunal, quienes con sólo escanear el certificado podrán determinar si el comercio se encuentra funcionando bajo las normativas establecidas.

De este modo, la intendenta Mayra Mendoza podrá dar un paulatino y responsable inicio a la actividad comercial, industrial y profesional, atendiendo a los pedidos de estos sectores tan golpeados por la pandemia y a su vez manteniendo las restricciones para la circulación de personas a fin de evitar la propagación del virus COVID-19.

Lograron desbaratar una importante organización narco que operaba en el conurbano sur

Detectives de la Delegación Departamental de Investigación del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado Quilmes, al mando del comisario inspector Francisco Centurión lograron desbaratar una organización narco que operaba en Florencio Varela.

Como resultado de un megaoperativo policial fueron detenidos cuatro hermanos –entre ellos una mujer- y la pareja de uno de estos, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

Para el despliegue contaron con la colaboración del Grupo GAD, División Canes, Infantería y Policía  Ecológica, que estuvo a cargo de asegurar los protocolos sanitarios para prevenir el contagio del coronavirus.

Los efectivos irrumpieron simultáneamente en dos domicilios en la calle 12 y Lonardi. Además de lograr la detención de los sindicados, entre los que se encontraba el líder de la banda, apodado “Turrón” –el mayor de los hermanos-, en la requisa a las viviendas las fuerzas de seguridad secuestraron una pistola calibre 9 milímetros con numeración suprimida, proyectiles, y más de 150 dosis de cocaína fraccionada y lista para ser comercializada, además de elementos de corte y fraccionamiento.

Los integrantes de la banda que fueron detenidos son Sabrina Griselda Ruiz de 40 años, Luis Oscar Salazar de 58 años; Leonardo David Salazar de 33 años y Hugo Darío Salazar de 33 años; quienes quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 1, que dirige el fiscal Darío Provisionato, que caratuló la causa como “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”. 

El juez Armella procesó a siete funcionarios de Francisco “Ali Barba” Gutiérrez

El juez federal de Quilmes, Luis Armella; procesó y estableció fianzas contra siete funcionarios de la gestión de Francisco “Ali Barba” Gutiérrez y una veintena de proveedores municipales en la causa por las cooperativas truchas de Argentina Trabaja.

La causa se inició en octubre del año 2012  luego de una denuncia que realizaran los entonces concejales Fernando Pérez, Oscar García, Diego Buffone y Mario Sahagún y que tuvo amplia repercusión pública merced a un trabajo del colega Nicolas Wiñasky.

La denuncia –que se realizara en los tribunales federales de Comodoro Py- tuvo un durísimo dictamen del fiscal Carlos Stornelli; (ver https://quilmes-ahora.blogspot.com/2016/06/armella-sigue-planchando-la-causa-de.html y https://es.scribd.com/document/135029370/Dictamen-Stornelli-Planes-de-Trabajo-Quilmes)  y luego fue remitido al Juzgado Federal de Quilmes donde no tuvo la celeridad que se esperaba.

Finalmente; y luego de tomar declaración indagatoria en octubre pasado a los funcionarios señalados; el juez Armella determinó el procesamiento de estos, imponiéndoles altísimas fiazas que difícilmente podrán explicar de donde surgen si llegasen a pagarlas

Para la justicia hay elementos suficientes para considerar que se cometieron ilícitos como defraudación al Estado.

Ya unos meses antes el Tribunal de Cuentas de la Provincia había observado las irregularidades de las maniobras por parte de la gestión Gutiérrez (ver https://quilmes-ahora.blogspot.com/2012/03/los-negociados-de-gutierrez-en-la-mira.html)

Ahora el juez Armella en su resolución habla de un “ardid desplegado de consumo entre los diversos actores consistió en hacer figurar en la documentación respaldatoria de algunas obras (especialmente en las facturas y demás constancias necesarias para la emisión de la orden de pago), la provisión de bienes o servicios de parte de ciertos proveedores sin que existiese la contraprestación o aún cuando la misma fuese en detrimento de lo pactado, a sabiendas de ello; aprovechándose para tal fin de las circunstancias especiales dadas por la implementación del plan nacional aludido”.

Fianzas

El magistrado  eximió de prisión preventiva a los funcionarios dado  que siempre estuvieron “a derecho” y considera que no hay peligro de fuga; pero aplicándoles una  fianza monetaria.

Están procesados por “defraudación a la administración pública y incumplimiento a los deberes de funcionarios públicos”:  

Guillermo Robledo, ex secretario de Producción; y el máximo responsable de ejecutar el programa Argentina Trabaja Dos millones de pesos de fianza.

Alejandro Tózzola, quien era el secretario de Hacienda: Una fianza de un millón de pesos.

Claudio “Lalo” Olivares. Ex secretario de Medio Ambiente: una fianza de un millón de pesos.

Roxana González. Ex secretaría de Obras Públicas: una fianza de un millón de pesos. Leda Cejas y José Luis Pavón. Quienes  tenían a su cargo la administración del Programa: Una fianza de 700 mil pesos a cada uno.

Julio Alberto Sevilla. Director de un programa para la reinserción laboral de condenados: una fianza de 500 mil pesos.

El juez también procesó a Carlos Alberto Toledo: una fianza de un millón de pesos.

Andrés Sersing, un millón de pesos; Fabián Blanco, quinientos mil pesos; Diego Hernán Portillo, 500 mil pesos; Aniceto Antonio Cañete, quinientos mil pesos; María Florencia García Ripa, doscientos mil; Fabián Claudio Giurcin, doscientos mil; Pedro Ubaldo Carroza, doscientos mil; Silvia Quiroga, doscientos mil; Diego Damián Bareiro, doscientos mil; Juan Javier Díaz, doscientos mil; Ernesto Edgardo Palacios, doscientos mil; Ariel Héctor Monteagudo, ciento cincuenta mil; María Pía Vilardebo, ciento cincuenta mil; Víctor Daniel Díaz, ciento cincuenta mil; Omar Alejandro Ditoro; ciento cincuenta mil; Gustavo Daniel Ditoro, ciento cincuenta mil.

Fueron también procesados y eximidos de prisión con el pago de fianza de cincuenta mil pesos cada uno, los siguientes presidentes de cooperativas vinculadas a Argentina Trabaja: Hugo Darío Gómez; María Inés Morcillo; Mabel Irene García; Hilario Cáceres, Eduardo Acosta; Silvina Beatriz De los Santos; Ariel Andrés Barraza; Edgardo Gustavo Torres; Dario Vicente Blanco; Aniceto Amadeo Campos; Sergio Daniel Aguilera; Nasaria Lucila Vargas y Olga Beatriz Benitez.