El Juzgado Federal N° 2 a cargo de Rafael Caputo, investiga un millonario caso de fraude y lavado de dinero en el que está involucrada toda la cúpula nacional de la Unión Obrera Metalúrgica de la cual el intendenteFrancisco “Ali Barba” Gutiérrez, ocupa la secretaría de Relaciones Internacionales.
Según la causa judicial en trámite, que publicó este martes el diario LA NACION; los sindicalistas de la UOM –comandada por el lider de la CGT oficialista, Antonio Caló- recibían todos los meses dinero negro que provenía de una defraudación cometida por los administradores de los fondos recaudados para el pago del seguro de vida y sepelio de los trabajadores metalúrgicos.
La cifra calculada por la justicia ronda los 900 millones de pesos en los últimos 5 años.
Todo comenzó el 2 de abril de 2011 cuando la Aduana detuvo en la terminal de Buquebus en Buenos Aires al abogado de la UOM, Segundo Pantaleón Córdoba, cuando intentaba cruzar a Uruguay en su BMW con un bolso repleto de billetes por 800.000 dólares.
Córdoba que lleva 26 años en la UOM, afirmó en principio que los dólares eran suyos y después intentó justificar parte de su origen con la venta de propiedades.
Más tarde declaró ante la fiscalía el origen irregular de los fondos, indicando que todos los meses le entregaba el sindicato.
Según la presentación de Córdoba, la evasión en el reparto de fondos entre la jefatura de la UOM rondaría los 900 millones de pesos sólo en los últimos cinco años
En su denuncia sostuvo que el origen de parte del dinero que transportaba correspondía a cifras en negro -en moneda nacional y estadounidense- que percibía mensualmente por parte de la UOM. Además puso de relieve el reparto irregular de los fondos de los afiliados entre la cúpula del gremio, y aseguró que recibía la catorceava parte del veinte por ciento de la "recaudación mensual, habitual y permanente" del Instituto de Seguros que preside Julio Vicente Raele, y que el resto se repartía entre otras 13 personas, en su mayoría miembros del secretariado nacional de la UOM.
Según indica el diario LA NACION, “Un párrafo de la presentación judicial llamó especialmente la atención de la Justicia: El Instituto remitía mensualmente en prolijos sobres marrones el 20 por ciento de la recaudación para el pago de las remuneraciones."
Córdoba –autoincriminándose- sostuvo ante la justicia que en abril de 2003, tras la muerte de Lorenzo Miguel, hubo un cambio en el sistema de recaudación. A partir de entonces, comenzó a cobrar bajo una nueva modalidad: 14.000 pesos en blanco, 20.000 pesos en negro y entre 17.500 y 23.500 dólares en negro.
Mientras la fiscal del caso, Gabriela Ruiz Morales, espera que la causa sea elevada en breve a juicio oral, el abogado de Caló es Guillermo Ledesma, el mismo que defiende por un caso similar de lavado, al “valijero venezolano” Antonini Wilson
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