El diputado provincial Sergio Villordo; presentó ante la justicia penal una denuncia en la que pide investigar al intendente Francisco Gutiérrez, al secretario de Medio Ambiente, Claudio Olivares; y a la secretaria de Control Ambiental, Mariana Marquez; por el posible delito de “negociaciones incompatibles con la función pública”.
La causa se tramita en la UFI N° 2 a cargo del fiscal Leonardo Sarra, y lleva el número 23842/15.
En la presentación Villordo busca establecer la relación entre la funcionario Márquez con la empresaCORVIAL S.A, donde trabajaba en forma particular; y las posibles contrataciones que el gobierno de Gutiérrez pudo realizar con ésta firma.
Como se recordará, este medio publicó una investigación donde se comprobaba que Marquez tenía relación laboral con CORVIAL S.A. al tiempo que desempeñaba tareas en la comuna quilmeña. (verhttp://corrupcionenquilmes.blogspot.com.ar/2015/09/un-nuevo-escandalo-de-corrupcion-de.html )
Exhibimos mail enviados por la empresa a la subsecretaria de Medio Ambiente con cotizaciones equivalentes a 22 millones de pesos, que tenían a Marquez como destinataria.
También demostramos que CORVIAL fue quien vendió al gobierno de Gutiérrez decenas de contenedores para acopio de residuos que no contaban con tratamiento ignifugo ni cumplían con las normas legales para el uso al que se destinaban; y que finalmente fueron abandonados en un depósito municipal sin que Gutiérrez o sus funcionarios reclamaran a la empresa el resarcimiento, ni los retirara de la lista de proveedores.
El legislador ha pedido al fiscal una profunda investigación sobre los bienes de Marquez, quien desde su asunción como funcionaria de la gestión Gutiérrez, ha incrementado notoriamente su patrimonio. Posee viviendas, autos lujosos y ha efectuado varios viajes al exterior.
RECUERDOS DE COVELIA
Apenas iniciado el gobierno de Francisco Gutiérrez; el secretario de Medio Ambiente, Claudio Olivares; tranzo una fluida relación con la empresa COVELIA, encargada entonces de la recolección de residuos.
La fluida relación incluyó algunas prestaciones no contractuales entre el funcionario y la concesionaria. Se hablaba por entonces del alquiler de un departamento en Alem y San Martín y de la compra de un automóvil para
una mujer muy allegada a Olivares.
Por entonces Mariana Marquez era muy allegada a Olivares y era quien solía acompañarlo a la sede de COVELIA en San Miguel.
Un importante directivo de esa empresa –sin el menor reparo- relató estos hechos ante varios periodistas cuando la comuna decidió municipalizar el servicio.
Sin preocuparse se autoincriminaba del delito de “dadivas”, el mismo por el cual Ricardo Jaime fue condenado y deberá devolver 2 millones de pesos mal habidos; mientras que los empresarios accedieron a una “probation”.
Tal vez el directivo –que no tuvo reparos con los periodistas- tampoco los tenga con el fiscal y relate quien era la destinataria del departamento y del automóvil; cuyos egresos deben estar asentados en algún lugar de los libros contables de COVELIA.
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