Pasaron casi tres semanas desde que Héctor Di Pretoro y sus cinco hijos agredieron a tres recolectores de residuos en las cercanías del galpón de la ex Diarco donde la dependencia municipal guarda los camiones
Si bien el gobierno municipal de Francisco “Ali Barba” Gutiérrez, intentó minimizar los hechos, el tiempo transcurrido lejos de servir para que se olvidara el escándalo, ha mostrado la cara oculta de un sistema perverso de corrupción cuyo principal responsable es el procesado secretario de Medio Ambiente, Claudio“Lalo” Olivares, a quien la familia Di Pretoro responde.
Gonzalo Nilo Barrios, su hermano Alejandro y Pablo Fernando Martínez (foto), fueron las víctimas del brutal ataque. Una emboscada que se perpetuó a la salida de uno de los turnos luego de varios aprietes a los trabajadores. El último de estos fue quien llevó la peor parte y debió ser internado de urgencia en una clínica por varios días.
Aunque resulte increíble, los Di Pretoro –que cumplen funciones de supervisores- pretendían que los recolectores no recogieran los residuos en varios comercios e industrias con el objetivo de pedirles dinero a los propietarios para brindarles el servicio.
En abril pasado el secretario general de ATSA, Ricardo Romero; denunció ante varios medios que se presentaron en la sede del sindicato dos personas exigiendo el pago de un dinero semanal para levantar las bolsas de residuos.
A los pocos días Romero fue citado por Olivares, quien le pidió disculpas por lo ocurrido y le pidió que olvidara el hecho al que calificó como “una travesura de los muchachos”.
La realidad es que varios comercios y pequeñas industrias pagan entre 100 y 300 pesos por semana a los supervisores de Olivares para que le recojan diariamente la basura.
La excusa que anteponen es que se trata de “grandes generadores” y por ende tienen que pagar“diferenciado”, como si esas industrias y comercios no pagaran mucho más por tasas municipales que una simple vivienda.
Las causas por las cuales fueron golpeados los recolectores figuran en el sumario administrativo que el gobierno de Francisco “Ali Barba” Gutiérrez tuvo que iniciar muy a desgano para evitar un paro del sector en solidaridad con las agredidos. Sin embargo ni por estos hechos ni por otros que se conocieron posteriormente; el intendente pidió la renuncia del cuestionado funcionario, sobre el que pesa además, un procesamiento judicial por la contaminación en la llamada “quema municipal”.
Como ocurre en otras áreas municipales, todo aquello por lo cual se pueda cobrar, se cobra: Recolección de basura a los comercios, permiso a los carreros para levantar ramas y un millonario negocio con los volquetes privados que pagan 5 mil pesos por mes para sus residuos en previos públicos o privados sin el menor control.
Quien se encarga desde hace 6 años de este pingüe negocio, es Mariano Sayagués. Otro de los supervisores puestos por Olivares para recaudar dinero en forma ilegal.
A este supervisor lo denunció el propio secretario general del gremio de los municipales, Raúl “Ronco”Méndez; al que nadie puede vincular con algún tipo de movida opositora.
Méndez es ultraoficialista y –como denunciara éste medio- cobra un salario mensual de 25 mil pesos como Asesor “Clase A” del intendente Gutiérrez.
A su cargo esta la supervisión de la llamada Base I, ubicada en la calle Lamadrid. Allí se depositan los volquetes que son incautados por las autoridades municipales sin labrar las correspondientes actas de infracción. Para retirarlos los empresarios deben “hablar” con Sayagués. Si logran “persuadirlo”; los retiran. De lo contrario se quedan sin volquetes para trabajar.
Por eso unas 20 empresas juntan 5 mil pesos cada una al mes y lo llevan puntualmente a la secretaría. Así evitan estos molestos inconvenientes que además salen más caros si deben resolverlos en forma individual.
Mucha corrupción a cara descubierta y un intendente que no mueve un dedo para terminarla.
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