miércoles, 16 de octubre de 2019

Seis funcionarios de Gutiérrez a indagatoria por “las empresas fantasmas” de Argentina Trabaja

A un año del tiempo legal antes de la prescripción de la causa, el juez federal de Quilmes, Luis Armella; se acordó que entre los múltiples expedientes que tiene en su despacho está el que investiga la mayor malversación de fondos que conociera Quilmes en su historia: La contratación de proveedores inexistentes para el plan Argentina Trabaja durante la gestión del ex intendente Francisco “Ali Barba” Gutiérrez.
Los ex secretarios Guillermo Robledo (Producción); Alejandro Tozzola (Hacienda) y Roxana González (Obras Públicas) junto a otros de segunda línea como Leda Cejas, su pareja José Luis Pavón (organizadores de las cooperativas), directores como José Muñoz, y Julio Alberto Sevilla; fueron llamados a declaración indagatoria por el que buscan conocer el manejo de fondos enviados por el gobierno nacional para el programa Argentina Trabaja.
En septiembre del 2012 el programa “Periodismo para Todos”, que conducía Jorge Lanata; emitió un informe donde se daba cuanta que el gobierno de Gutiérrez contrató indigentes y personas que ni siquiera sabían que eran proveedores, para facturarle millones de pesos a la comuna por insumos para el plan “Argentina Trabaja”.
Los señalados como responsables del ilícito fueron el secretario de producción, Guillermo Robledo; el director del programa, José Luis Pavón  y el director del plan de reinserción Julio Sevilla.
La metodología utilizada fue inscribir a un indigente y un jubilado, entre otros casos, como proveedores de productos que jamás se adquirieron.
Hugo Blanco, un vecino indigente de la Ribera que estuvo detenido por hechos delictivos, contó ante las cámaras de TV que José Luis Pavón lo hizo inscribirse en el monotributo y con sus facturas por más de dos millones de pesos sacaron el dinero de las arcas municipales. Blanco señaló a Julio Sevillla –director de un programa destinado a reinsertar detenidos en unidades carcelarias- como el funcionario que se llevaba del banco el dinero de los cheques que iba a cobrar.
“Me embocaron como un gil. Yo había ido a pedir un trabajo y me metieron en este lio” –confesó.
Otra víctima fue Andres Sesing, un jubilado que ni siquiera sabía del uso que hicieron de su nombre como proveedor de la comuna. En este caso los funcionarios mencionados se robaron de las arcas comunales unos 5 millones de pesos.
No es la primera vez que los nombres de Pavón y de Robledo aparecían  mencionados en escándalos de corrupción o drogas. Unos meses antes  la cooperativa “Itatí” –regenteada por el primero y su pareja Leda Cejas- fue allanada por  la policía que secuestró grandes cantidades de marihuana, paco y cocaína junto a armas de grueso calibre y afiches de campaña de Francisco “Ali Barba” Gutiérrez.
Otro escándalo de corrupción fue la contratación otra monotributista, Claudia Bartoli, como proveedora de los puestos para los artesanos en la plaza de la estación por un monto de 128 mil pesos hace dos años.
En septiembre de 2012 los concejales Fernando Pérez, Mario Sahún, Diego Buffone y Oscar García entre otros; se presentaron ante la justicia federal a denunciar la maniobra. Al poco tiempo el fiscal Carlos Stornelli, emitió un contundente dictamen donde detallaba cada paso de la gigantesca malversación que llevó adelante el gobierno municipal (ver: https://es.scribd.com/document/135029370/Dictamen-Stornelli-Planes-de-Trabajo-Quilmes)
Las idas y vueltas de la justicia hicieron que la causa recayera en el Juzgado Federal de Quilmes, donde su titular, Luis Armella; se tomó todo el tiempo del mundo –incluido el político- sin convocar a los denunciados, pese a la cantidad de pruebas y testimonios incriminatorios prestados ante el juzgado por presidentes de cooperativas a quienes les utilizaron los talonarios de factura para ejecutar la maniobra.
Ahora Robledo, Tozzola, González, Pavón, Cejas, Sevilla y Muñoz deberán dar respuesta a las acusaciones y seguramente un tiempo después Francisco “Ali Barbá” Gutiérrez tendrá que hacer lo propio, dado que la totalidad de los decretos asignando los gastos llevan su firma.

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