El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires encontró graves anomalías en las cuentas del gobierno de Francisco “Ali Barba” Gutiérrez, entre las que se encuentran falta de datos sobre millonarios pagos a empresas privadas, y omisiones en licitaciones y planes sociales,
Los números de las cuentas municipales no cierran por ningún lado para el Tribunal de Cuentas y los desórdenes administrativos muy grandes, que producen un rojo gigantesco a las cuentas quilmeñas, amenazan con convertirse en denuncia penales sobre “malversación de caudales públicos”
De acuerdo a un informe del organismo provincial que audita las cuentas de la comuna, sobre el ejercicio 2012, los desbarajustes económicos están a la orden del día, con particularidades por demás llamativas.
Algunas de las faltas halladas por el ente autárquico provincial, tienen que ver con infracciones por no contar con la documentación pertinente para certificar los gastos del municipio, el no rendir cuentas respecto a los subsidios dados a distintas entidades, la no constatación de los pagos a personas que requerían ayudas sociales, entre otros temas.
LAS COOPERATIVAS EN EL CENTRO DE LA ESCENA
El juez federal de Quilmes, Luis Armella; tiene en sus manos una causa judicial contra el intendente Gutiérrez y sus funcionarios por el manejo ilegal de fondos del plan Argentina Trabaja durante el año 2012. Ahora el Tribunal de Cuentas confirma en su informe las irregularidades de esos fondos, como la rendición parcial del dinero aportado por el gobierno nacional para el Plan Argentina Trabaja.
Según lo que refleja el estudio, de los $ 57.868.810 comprometidos por el convenio con la Nación, sólo se rindieron cuentas por $ 30.204.609,97, quedando al término del examen unos $ 27.664.200,03 por los cuales las autoridades debían dar cuenta de en qué se habían gastado.
Recordemos que la denuncia de los concejales opositores se refería justamente a como se desviaban fondos del plan nacional hacia cooperativas inexistentes o integradas por funcionarios y empleados de la comuna
También observa el Tribunal de Cuentas varios cheques con los que el municipio pagó a diferentes empresas por las licitaciones públicas para la construcción de viviendas y otras obras por una cifra de 1.317.533,79 pesos, donde se detalló que muchas de las obras emprendidas no tenían nada que ver con lo pautado originalmente.
Otra de las fallas encontradas por los inspectores del HTC, expresan la falta de aportes de rendiciones de cuentas documentadas, las que debían ajustarse al objeto establecido en cada uno de los actos normativos de otorgamiento, vinculadas a fondos entregados por un total de $ 714.155,11.
LOS “FANTASMAS” DE GUTIERREZ
El informe del Tribunal de Cuentas deja en claro también como diferentes funcionarios municipales tienen graves incompatibilidades con la función pública, por cobrar haberes y a su vez figurar como autoridades y/o integrantes de cooperativas que son contratadas por el municipio, es decir, estar en los dos lados del mostrador al mismo tiempo.
Es el caso de las Cooperativa de Trabajo “Enfermera Silvia Isabella Ltda.”, proveedor Nº 5.377 del municipio, con varios empleados que cobran por su trabajo en dicho plan, al tiempo que figuran como empleados temporarios de la comuna. Algunos de los nombres involucrados son Mario Saralegui, Gisela Pérez yDaiana Azar, recibiendo remuneraciones por más de 126.000 pesos.
Lo mismo pasó con las cooperativas “El Rayo Ltda.”, “Juntos por la Rivera Ltda.”, “Itatí se fortalece Ltda.” y “Mi Mensaje Ltda.”, con empleados que a pesar de figurar en Planta Temporaria o Permanente de la municipalidad, cobraron haberes por 202.620,24 pesos.
SE ROBAN HASTA LA AYUDA A LOS NECESITADOS
El mes pasado una familia en situación de calle, denunció ante los medios que eran los funcionarios municipales quienes cobraban los subsidios que la Municipalidad les otorgaba.
Ahora los inspectores del Tribunal de Cuentas encontraron que la ayuda social, cuyo destino debería dar a personas que la necesitan, no les llega..
No se pudo comprobar el destino de 111.000 pesos destinados a la ayuda social, ya que no se pudo certificar mediante la documentación presentada que la misma haya llegado a donde debía llegar, es decir, a los más humildes y que precisas una acción rápida y efectiva del Estado.
Por este caso, el intendente Gutiérrez fue multado con 102.100,68 pesos, teniendo la misma el objeto de dar satisfacción al principio de reparación integral y plena del perjuicio ocasionado al patrimonio fiscal.
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