Bajo el título
“Cooperativas el Barba”, la revista
Desafío Económico publica como nota de tapa el escandaloso negociado que tiene el intendente de Quilmes
, Francisco “Alí Barbá” Gutiérrez; sus corruptos funcionarios
Guillermo Robledo, Leda Cejas y José Pavón; en el des manejo de cooperativas del plan “Argentina Trabaja”
El medio hace referencia a nuestra denuncia del año anterior sobre la participación de Cejas y Pavón en una cooperativa allanada por tráfico de drogas, armas de guerra, municiones de grueso calibre y chalecos antibalas. Una banda armada dedicada a delinquir comandada por los funcionarios de Gutiérrez.
El extenso informe nace de las investigaciones que efectuara el Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires respecto a los negociados efectuados por los funcionarios con los cuantiosos fondos de las cooperativas, de los que Gutiérrez está al tanto desde hace años, por lo que debería descartarse que parte de esos ingresos ilegítimos, terminen después en su bolsillo
A continuación transcribimos la totalidad del texto
En la tierra de Gutiérrez se puso al descubierto el negociado de las cooperativas pertenecientes al Plan Argentina Trabaja. Funcionarios municipales se colocaron al frente de ellas y cobran por un trabajo paralelo. Complicidad, falta de control, importantes montos de dinero y una mujer protegida
Atrás en el tiempo quedó el objetivo del Plan Argentina Trabaja de generar oportunidades de inclusión para permitir mejorar la calidad de vida de las familias de los barrios más vulnerables a través de la generación de trabajo.
Creadas hace dos años, las cooperativas que integran el plan financiado por Nación y que se concentraron en el partido de Quilmes tomaron ribetes muy diferentes en el último tiempo y se han transformado en un negocio millonario que lejos está de solucionar el problema de los más necesitados.
Las cooperativas del Plan “Argentina Trabaja” son hoy sinónimos de corrupción, negociados y fueron aliándose poco a poco con el clientelismo político en esa ciudad. Lamentablemente, el accionar de quienes las manejan se hacen presente a los largo y a lo ancho de la ciudad. En la localidad gobernada por Francisco “el Barba” Gutiérrez, estas cooperativas cumplieron a rajatabla el objetivo, no el de su origen, sino el que fueron produciendo con el correr del tiempo: ligarse a la corrupción.
En el último tiempo, miembros del Ejecutivo municipal se han puesto a cargo de las cooperativas contratadas por la Comuna para llevar a cabo tareas que no se pueden comprobar. Agentes municipales presidían estas asociaciones, cobraban el dinero que destinaba el Ejecutivo y todo quedaba dentro de sus arcas, ante la mirada ingenua de las entidades de control correspondientes.
Del mismo modo irregular mediante el cual se manejaban estas cooperativas, muchas de ellas “funcionaban” en dependencias municipales y contaban con domicilio legal allí. “Acá son cooperativas fantasmas, hay 66 en nuestro distrito, de las cuales sólo algunas deben estar trabajando, no quiero involucrar a todas, pero la gran mayoría es una especie de ñoqui que viene a cobrar y encima algunos funcionarios se quedan con dinero”, dijo el concejal del ARI, Mario Sahagún, en diálogo con Desafío Económico.
El Tribunal puso la lupa
Entre una conjunción de subsidios a mansalva, de documentación financiera y fiscal no presentada, de funcionarios que nada explican respecto de la encargada del manejo de las cooperativas, el Honorable Tribunal de Cuentas bonaerense (HTC) llevó a cabo un detallado informe. En él aparece gran cantidad de cargos y sanciones, debido a la falta de corrección de los procesos administrativos encarados por el municipio en relación a las cooperativas que funcionan en Quilmes.
Una de las cuestiones que plantea el expediente Nº 4.095.0/09 del Tribunal, al que Desafío tuvo acceso, es la incompatibilidad de algunos empleados municipales quedando de manifiesto que estos desempeñaban una doble funcionalidad entre el municipio y cargos en las cooperativas.
Así, observaron que del pago en concepto de haberes resultaron beneficiarios algunos agentes municipales que, paralelamente, son autoridades o integrantes de las cooperativas de Trabajo en Quilmes. Una de ellas fue la cooperativa Barrio Unido Limitada, cuyo presidente, Sebastián Raspa, formaba parte de la planta permanente del municipio. Sumado a la falta de explicaciones por parte de la Comuna por la doble función de Raspa, el informe remarca que las remuneraciones percibidas por él, en el ejercicio 2009, ascendieron a $ 45.704,50.
Otro caso lo refiere la cooperativa Esperanza de Itatí Limitada, que también percibió pagos realizados a su favor en el transcurso del ejercicio 2009. La señora Leda Amparo Cejas -protagonista de esta historia-, se encontraba como empleada de la planta permanente de la municipalidad, y se desempeñó como socia y secretaria de la cooperativa. Así, se expone otro caso en donde empleados municipales conforman las arcas de estas organizaciones sociales.
En relación a este caso, el concejal Mario Sahagún, quien en 2009 había alertado este accionar mediante un pedido de informes, dijo a Desafío que el Ejecutivo desligó responsabilidades. “Terminaron haciendo responsable a esta gente y el error es del Ejecutivo al ponerlo al frente de una cooperativa sabiendo que están trabajando en el municipio. La incompatibilidad es manifiesta, y la principal responsable acá es la Comuna”, afirmó.
Por su parte, desde el oficialismo ofrecieron su descargo y en el expediente, el subsecretario legal de Hacienda, Carlos Alfaro, afirmó que “se ha procedido al envío de cartas documentos de intimación a los referidos miembros de las cooperativas, a los a efectos de acreditar fehacientemente y con documentación indubitable, su desvinculación de éstas con anterioridad a los pagos efectuados por el municipio”.
Pero no fue para todos el mismo trato, sino que en esta trama de las cooperativas, también existen protegidos. “A Leda Cejas el municipio no le manda carta documento”, cuenta Sahagún, quien prosigue y afirma que “al resto de los involucrados que está dentro de las cooperativas y que aparte son funcionarios o empleados rasos les mandan carta documento. Pero en definitiva no se hace cargo el municipio de su propio error, sino que carga las responsabilidades sobre estas personas que, evidentemente, ante la Justicia la tienen, pero también tienen una responsabilidad política fuerte”.
A las irregularidades de los funcionarios que ocupan cargos en las cooperativas del Plan Trabajar, se les suma otra que involucra a los mismos actores. Dentro de la información oficial aportada por la AFIP, se estableció que el domicilio fiscal de la cooperativa de Trabajo San José Ezpeleta Limitada, era Amodeo 2850, lugar donde, curiosamente, funciona la dependencia del área de Servicios Públicos Agua y Cloacas de la municipalidad de Quilmes.
Sin embargo, una primera investigación realizada por el concejal Mario Sahagún detectó que no era sólo una la cooperativa que “funcionaba” en ese predio. “Se había hecho un pedido de informes porque en realidad había siete cooperativas funcionando ahí adentro”, explicó el edil.
De esta manera, algunas cooperativas pertenecientes al Plan Trabajar funcionaban dentro de una dependencia municipal, y recibían las partidas que el Ejecutivo comunal destinaba para este fin social.
Debido a esta suma de hechos sospechosos que involucra a los funcionarios quilmeños, el HTC intervino para analizar la cuestión a fondo. Tal como las burbujas en una copa de champagne, las irregularidades comenzaron a emerger, Así, un nuevo capítulo se abre en esta trama: los integrantes de esta cooperativa, también eran empleados de la planta permanente de la municipalidad de Quilmes.
Pero la gota que rebalsó el vaso es que la dependencia de Servicios Públicos donde funcionaba la cooperativa de Trabajo San José Ezpeleta Limitada, era presidida en ese momento por Jorge Gutiérrez, sobrino del Intendente.
Así es como funcionan las cooperativas en la tierra del Barba: corrupción, clientelismo y negociado. “Hay un desmanejo total, termina siendo un ejército de pobres manejado por el Ejecutivo municipal para ir a las manifestaciones, para pintar en épocas de campaña electoral, para tenerlos de alguna manera manifestando”, se quejó el concejal Sahagún.
¿Quién es la protegida?
En esta historia surge el nombre de una mujer que no perdió el tiempo en su cargo dentro del municipio. Encargada de administrar la plata que el Ejecutivo destinaba a las cooperativas, manejaba los hilos económicos y era la mano derecha del secretario de Desarrollo local, Producción y Empleo, Guillermo Robledo.
Su nombre es Leda Amparo Cejas y para el HTC es un eslabón indescifrable. Sin embargo, existen algunas perlitas que reflejan desempeños irregulares, ilegales y hasta dicen que es una mujer con contactos pesados.
Cejas, junto a su pareja José Luis Pavón, entró en el circuito de las cooperativas de la mano de Robledo. Debido al mal manejo de ambos en las cooperativas, que van desde extorsiones, maltratos hacia los empleados y construcciones de propiedades con materiales pertenecientes a la cooperativa, el Secretario recibió un “tirón de orejas” y tuvo que separar a la pareja de sus cargos en las asociaciones.
Las destituciones se hicieron efectivas, ya que el gobernador Daniel Scioli entró en escena y le comunicó al intendente Gutiérrez que resuelva el caso cuanto antes. Esto provocó la presentación de las renuncias del secretario de Gobierno, Raúl Oviedo, y del propio sobrino del jefe comunal, David Gutiérrez.
Sin embargo, nadie del Ejecutivo local apunta hacia ella en el caso de las cooperativas, a pesar de ser responsable en su armado y conocer a la perfección el funcionamiento de éstas. “El propio Ejecutivo la corre de toda responsabilidad y carga las tintas sobre empleados rasos”, dijo Sahagún a Desafío.
La única medida que recayó sobre ella fue la separación de la dirección del Sistema de Recaudación del Plan Argentina Trabaja por desmanejos económicos, aunque el motivo no está confirmado. En su lugar, se creó la dirección de Economías Populares a cargo de Patricia Irribarren.
Otro costado oscuro de Leda Cejas es el vinculado a las drogas. La División Narcotráficos de la Policía Bonaerense, el 23 de junio de 2011, allanó un galpón de la Villa Itatí. El depósito, según manifestaron varios concejales, había sido contratado para el manejo de las cooperativas pero, casualmente, se encontraron drogas, armas, municiones, chalecos antibalas y afiches de la campaña de Gutiérrez. La cooperativa en donde ella era secretaria se llamaba: Esperanza de Itatí Limitada. Demasiada casualidad.
Por último y para cerrar esta cadena viciosa, la cooperativa Juventud es Pueblo, presidida por Silvia Adriana Rodríguez, con lazos profundos con Leda Cejas y José Luis Pavón, amplió su casa a través de gestiones de la pareja, pero con materiales del municipio y mano de obra de la cooperativa. Cabe aclarar que el hijo de Silvia Rodríguez trabajaba con Cejas y Pavón.
Qué pasará
Ya el Tribunal bonaerense se expidió y pidió compromiso al Ejecutivo quilmeño para que informe sobre el destino de los fondos y el trabajo paralelo de empleados municipales en las cooperativas.
Sahagún contó a Desafío que “el Ejecutivo a través del secretario de Hacienda, Alejandro Tozzola, realiza artilugios legales para desligar responsabilidades”. Sin embargo, desde el Tribunal: se va a cargar contra las personas involucradas y deberán devolver todo el dinero porque esto es un delito”, concluyó.
Pero no sólo deberá apuntar contra quienes cobraron teniendo paralelamente dos cargos, sino también deberá exigir la responsabilidad de los funcionarios y altos miembros del Ejecutivo que manejaban este dinero público.
“Más allá de lo que haga el municipio, que es correrse del tema, me preocupa más lo que vaya a hacer el Tribunal de Cuentas. Lo que tiene que hacer son los cargos contra los funcionarios de este gobierno”, afirmó el concejal del ARI.
Mientras tanto, el gobierno de Quilmes anunció para este año la partida de 58 millones de pesos para las 66 cooperativas, en concepto de insumos. De esta manera, parece que el negociado millonario no tendrá fin. Las cooperativas del “Barba” son para todos, y su corrupción también.
Hace un mes atrás el secretario de Hacienda, el capitalino Alejandro Tozzola, declaró ante los medios que el gobierno de Francisco “Alí Barbá” Gutiérrez gastó casi 12 millones de pesos para asistir a las víctimas del tornado. Ahora la también capitalina Valeria Islas lo desmiente, colocando el nivel de gastos en 2.100.000; una diferencia de casi 10 millones por encima de los cálculos del funcionario encargado del manejo económico-financiero.
