El juez federal Claudio Bonadio, citará en los próximos días a declaración indagatoria al ex intendente de Quilmes, Francisco “Ali Barba” Gutiérrez; en una causa penal por la que ya fue imputado el ex jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.
Se trata de una denuncia originada luego de una auditoría realizada por la Sigen y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable sobre el otorgamiento de subsidios a municipios destinados a desarrollar proyectos para el recupero de residuos sólidos urbanos que jamás se concretaron y cuyos fondos jamás se aplicaron a estas iniciativas e incluso se ignora su destino.
Fernández, junto a Jorge Capitanich y Juan Manuel Abal Medina; ya desfilaron por el juzgado de Comodoro Py y ahora será el turno de los ex intendentes señalados como beneficiarios de estos subsidios.
Este domingo el diario “La Nación” retomó una noticia de la que diera cuenta hace un mes atrás sobre los Programas Municipales para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos
El diario revela que el 4 febrero de 2016 la SIGEN visitó Quilmes; el distrito por un expediente de 2012, cuando el intendente era Francisco “Ali Barba” Gutiérrez, y por el que recibió la suma de 10.588.780 pesos.
Se trataba de un proyecto por el que se pretendía instalar “una planta de separación y clasificación de residuos inorgánicos y la compra de cuatro camiones con caja volcadora”.
Tres años después el 27 de enero de 2015, la gestión Gutiérrez pidió “una prórroga de seis meses para la ejecución y rendición del programa”; informando que “por circunstancias ajenas a la voluntad del municipio” el proyecto no había arrancado, por no disponer de un predio para la planta. Por entonces, la comuna aclaró que los más de 10 millones de pesos no se utilizaron.
La auditoría realizada por la SIGEN comprobó que en Quilmes “el equipamiento y la obra civil para el emplazamiento de la planta de separación y reciclaje a la fecha de la visita no fueron realizados, y tampoco se compraron los cuatro camiones para recolección”.
Pero la sorpresa fue mayor cuando las autoridades de la actual gestión a cargo deMartiniano Molina; le informaron que “desconocía la existencia del proyecto” y que no pueden confirmar “si esos fondos se encuentran aún disponibles”.
Según pudo saber este medio, no existe en las reservas de la comuna quilmeña cuentas especiales designadas para ese proyecto, como habitualmente se hace cuando se entregan subsidios o créditos con asignaciones específicas.
En estricto “off the record” un funcionario señaló “El dinero pudo haberse girado a otras cuentas o utilizado para otros fines, aunque no tenemos el Decreto que pudo autorizar la transferencia”.
Cuando estalló el escándalo el “gutierrismo” hizo circular entre algunos medios que los más de 10 millones de pesos estaban depositados en las cuantas del Municipio y por ende no existía delito. Sin embargo ante la SIGEN las autoridades dijeron desconocer el destino del dinero.
Otro de los argumentos que utilizaron los seguidores de Gutiérrez fue la denuncia penal que efectuaran oportunamente los diputados Sergio Villordo y Fernando Pérez sobre la contaminación en la llamada “quema municipal”.
Meses después de aquella denuncia –abril de 2014- el entonces secretario de Medio Ambiente, Claudio “Lalo” Olivares; se presentó ante el juez Contencioso Administrativo de Quilmes para pedir el levantamiento de la clausura, argumentando la necesidad de contar con esas tierras para llevar adelante el proyecto de reciclado de residuos por el que había recibido los fondos.
Claro que habían pasado más de dos años de mucha inflación y en las tierras de la quema sólo había basura contaminante, chicos hurgeteando en ella y un formidable negocio de corrupción a partir de cobros indebidos a los “volqueteros”.
Ni un ladrillo, ni una chapa y mucho menos un camión volcador.
Para la Justicia, según se desprende de la investigación que llevan adelante el juezClaudio Bonadio y el fiscal Carlos Rívolo, el destino de los fondos no está claro. El expediente está encuadrado en el delito de malversación de caudales públicos.
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